miércoles, 22 de agosto de 2007

La reconstitución del pacto democrático

En la década de 1970, América Latina fue invadida por una ola de irrupciones militares que puso término a los pactos republicanos que regían la convivencia de las ciudadanas y de los ciudadanos. Luego, tras la reapertura hacia gobiernos democráticos, diversos actores políticos y movimientos sociales de cada uno de los países de la región dieron comienzo a procesos tendientes a consolidar y a profundizar la democracia.

Loreto Ossandón Núñez

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La democracia se instauró, entonces, como un valor a conquistar y a preservar. Ello ha implicado la discusión y el debate sobre la necesidad de profundizar el proceso democrático para alcanzar una democracia inclusiva, moderna y participativa.
En el marco de estos procesos cabe preguntarse, ¿cómo se reconstruye el pacto ciudadano mancillado por la desconfianza instaurada por las dictaduras militares? En la década de 1990 y en el comienzo de la actual, varios países del continente, Colombia, Ecuador, Paraguay, Brasil y Venezuela, entre otros, han comenzado la reflexión sobre esta temática. Así han impulsando diferentes mecanismos para transformar, reformar o modificar sustancialmente sus Constituciones, de acuerdo a sus respectivos contextos político-institucionales y socio-históricos.
El pasado reciente de las sociedades latinoamericanas, marcado por la represión y el silenciamiento de las voces opositoras, trae a estos procesos de discusión constitucional los mismos principios que las dictaduras violaron y negaron sistemáticamente para apoderarse y perpetuarse en el poder: los derechos humanos, la inclusión, la participación y la ciudadanía. Hoy estos puntos de silenciamiento son los cimientos para comenzar a reconstruir o reformular las reglas del juego democrático.
Cabe indicar que en este período de la historia, los procesos de discusión sobre la necesidad de elaborar una nueva Constitución no obedecen, en general, a contextos de conflictos políticos y/o sociales, como sucedió en antaño. En la actualidad, las demandas para garantizar y consolidar esos principios constitucionales se expresan en un marco político de gobernabilidad y paz social. En este nuevo panorama, se requiere del establecimiento de nuevas reglas de convivencia social, es decir, reformas o cambios constitucionales que correspondan a la realidad actual de nuestros países y de nuestras sociedades.
Las sociedades latinoamericanas han marginado a las mujeres de la vida de lo público, relegándolas al espacio de lo privado, en la tarea de la reproducción social y biológica de la familia. Las mujeres han estado ausentes de las discusiones relacionadas con la vida de la polis y, por ende, las estructuras sociales generadas en este espacio han sido creadas por y para los hombres. Las Constituciones que nos han regido no son la excepción. Esta marginación es la que explica el hecho de que las mujeres, hasta hace algunos años, no hayan sido consideradas ciudadanas, posicionándolas como objeto de derechos y no como sujetas de derechos. Estas estructuras se internalizaron en los planos psicosociales de nuestras sociedades, cuestión que llevó a una naturalización de esta discriminación. Aun cuando muchas de estas discriminaciones se han ido eliminado poco a poco, su naturalización ha hecho que estos procesos sean todavía lentos y existan aún discriminaciones no sólo en las prácticas sociales sino en las legislaciones y constituciones.
En este contexto, las mujeres no sólo están llamadas a integrarse a la discusión constitucional, en la cual puedan negociar con otros actores las reglas del juego que regirá su convivencia con otros/as, sino es su deber hacerlo. Hoy, la exigencia de una democracia inclusiva, participativa, moderna y acorde a los contextos actuales adquiere un gran sentido para la vida de las mujeres. Ser sujetas de derechos hoy no sólo está en conocer y exigir sus derechos, sino también en participar de las reglas que los establecen.
El caso de Chile
La actual Constitución chilena data de 1980. Esta Carta Fundamental fue elaborada por un equipo de asesores del régimen dictatorial de Augusto Pinochet y tuvo como objetivo validar el régimen antidemocrático ante la comunidad internacional. Para mostrar ante el mundo el supuesto respaldo ciudadano, se la sometió a un plebiscito, el que fue reconocido internacionalmente como un fraude. El origen antidemocrático de esta Constitución no sólo se hace impensable, sino insostenible tras 16 años de gobiernos democráticos.
Aunque esta Constitución ha sido objeto de diversas reformas desde su promulgación, éstas no reflejan las aspiraciones de la ciudadanía ni los cambios societales acaecidos en Chile. Las modificaciones propuestas han surgido desde equipos de expertos que han realizado estudios y formulado propuestas de reformas al Congreso Nacional, institución que, en general, ha aprobado la mayor parte de ellas. En este proceso, una vez más, se ha marginado a la ciudadanía de la discusión y el debate.
En el Gobierno de Ricardo Lagos se decidió emprender nuevas reformas constitucionales, las cuales estaban dirigidas a intentar borrar los puntos más antidemocráticos de su contenido, tanto en el plano simbólico como en el práctico-institucional. Se eliminó la firma de Pinochet de la Carta Fundamental, poniendo en su lugar la del Presidente Lagos (simbólico) y se eliminó la figura de los senadores designados y la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas (práctico-institucional).
Estas medidas, innegablemente, constituyen un avance en la democracia chilena. No obstante, para lograr llevarlas a cabo, el Gobierno debió negociar con los partidos de oposición, retirando de las reformas uno de los puntos más antidemocráticos de la Constitución vigente, el sistema electoral binominal. Además, estas transformaciones, como ya se ha señalado, no fueron objeto de consultas ni de discusiones ciudadanas, lo cual atenta contra la participación que todo proceso de esta índole debe considerar y garantizar. Desde estos hechos, cabría preguntarse ¿Es la Constitución Chilena, un instrumento para avanzar en una convivencia democrática de todos/as?.

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